El fiscal argentino Carlos Stornelli le abrió una causa penal en ese país al ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por los falsos positivos que se presentaron entre 2002 y 2008.

Dentro de la investigación se pone sobre la mesa que Uribe Vélez habría permitido la ejecución extrajudicial de hasta 6.112 personas, que fueron presentadas como guerrilleras.

El fiscal Stornelli pidió al juez Sebastián Ramos medidas de prueba y la toma de testimonio de familiares de víctimas de estos falsos positivos.

Según apunta El Clarín, reconocido medio argentino, las personas que formularon la denuncia son “Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancourt y Bertina Badillo Herazo".

Dentro de la investigación buscarán determinar "la presunta responsabilidad penal del nombrado Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de la República de Colombia y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovida que se cometieran en Colombia entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008".

El Clarín apuntó que los casos relacionados son “Luis Eduardo Oñate, Álvaro Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez, Didier Eduardo Durant y el asesinato y desaparición forzada de otras siete víctimas que aún no pudieron ser identificadas, cuyas muertes acaecieron a manos de elementos de las Fuerzas Armadas en Colombia”.

Las víctimas eran presentadas por el Ejército Nacional "como falsas bajas producidas en combate en el marco del conflicto contra las FARC, ELN, EPL y el M-19".

La denuncia fue presentada en Argentina en el marco del artículo 118 de la Constitución Nacional de Argentina, ley 26.200, que tiene como base el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que brinda el principio de jurisdicción universal. 

“Los crímenes contra el derecho de personas pueden y deben ser investigados y juzgados aún fuera del lugar donde fueran cometidos, y aunque no medie punto contacto tampoco en razón de la nacionalidad de las víctimas o de los responsables, ni de ningún otro tipo con el Estado que asuma tal jurisdicción”, dice la ley.

La fiscalía de Argentina ya pidió a Colombia la cooperación para que se remitan copias de actas de reuniones internas, comunicaciones, que se hicieron entre 2002 y 2010 acerca de conductas relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles ilegítimamente presentados como bajas en combate.